Incidencia · Quito · Derechos humanos
La nueva batalla por las familias diversas: qué derechos están en juego con la reforma de patria potestad
Una norma vigente abre preguntas sobre identidad, salud, vida familiar, debido proceso y el papel de la sociedad civil.
Una precisión antes de la alerta
La reforma publicada en agosto de 2026 no permite que una autoridad quite automáticamente la patria potestad. Hace falta proceso y sentencia judicial. Pero el nuevo artículo 113.8 sí crea una causal que puede llevar esa discusión ante un juez.
¿Por qué la sociedad civil debe observar su aplicación?
Porque la causal utiliza conceptos que pueden prestarse a interpretaciones amplias. No define de forma exhaustiva qué significa “promover” procedimientos orientados a modificar el llamado “sexo biológico” ni exige expresamente que exista daño grave, reiterado y comprobado.
En un contexto de prejuicios contra identidades trans, una redacción abierta puede producir denuncias estratégicas, informes estereotipados o confusiones entre acompañamiento social, consulta profesional y tratamiento médico.
Una reforma que también alcanza a familias heterosexuales
La discusión no debe encerrarse en la idea de que se trata de una norma exclusiva para personas LGBTIQ+. Puede ser invocada contra cualquier progenitor. Precisamente por eso, exigir límites constitucionales beneficia al conjunto de familias ecuatorianas.
Defender a la niñez y defender el debido proceso no son objetivos opuestos. Una protección legítima necesita ambos.
Lo que una sentencia debería demostrar
- Qué conducta concreta realizó cada progenitor.
- Qué daño o riesgo real se intenta prevenir.
- Qué evidencia especializada sustenta esa conclusión.
- Cómo fue escuchada la niña, niño o adolescente según su edad y madurez.
- Por qué una limitación u otra medida menos intensa no sería suficiente.
- Cómo se evitó que identidad de género u orientación sexual funcionaran como estereotipos decisorios.
El punto crítico: patria potestad y adoptabilidad
Si ambos progenitores —o el único registrado— son privados de patria potestad, la reforma permite que bajo determinados requisitos la misma sentencia declare la adoptabilidad. Esto vuelve especialmente relevante la vigilancia de plazos, recursos, notificaciones y calidad de las investigaciones familiares.
¿Qué puede hacer el movimiento social?
Documentar los primeros casos, acompañar a las familias, identificar patrones de aplicación, promover formación jurídica y psicosocial, vigilar el uso de estereotipos y activar litigio estratégico cuando existan vulneraciones. La acción pública de inconstitucionalidad permite además cuestionar directamente la norma ante la Corte Constitucional.
La exclusión de personas solteras LGBTIQ+ también debe discutirse
La expresión “personas sin pareja heterosexuales” abre un segundo frente. Si la adopción individual está permitida, condicionar la oportunidad de adoptar a la orientación sexual de la persona soltera plantea una diferencia explícita que merece examen bajo el principio de igualdad y no discriminación.
De la preocupación a la incidencia
Las normas cambian también a través de la observación social, la argumentación constitucional y la organización comunitaria. El reto es impedir tanto el alarmismo como la normalización de disposiciones que puedan aplicarse de manera discriminatoria.
Resistencia Rosa llama a mantener vigilancia ciudadana sobre los primeros casos y a colocar la voz de las familias y de la niñez en el centro del debate.
Artículo original derivado del análisis jurídico de Diane Rodríguez. Contenido informativo; no sustituye asesoría jurídica individual.
Resistencia Rosa | Coalición LGBTIQ+ de Quito 