Cuando nos dicen que nos mudemos, están admitiendo que no piensan protegernos donde estamos.
Hay una manera elegante de negar una responsabilidad, y consiste en convertirla en un problema de logística ajena. Si te agreden en tu barrio, cámbiate de barrio. Si tu ciudad es hostil, busca otra. Si tu provincia no te quiere, el país es grande.
Suena a consejo. Es una renuncia.
Y llegó el momento de decirlo con los números encima, porque durante años esa frase se ha usado contra nosotras dentro y fuera del país: en las comisarías donde nos mandan de vuelta a casa, en las familias que nos dan a elegir entre callarnos o irnos, y en tribunales extranjeros donde se decide si alguien puede quedarse a salvo.
El recuento
El Observatorio Runa Sipiy documenta muertes violentas de personas LGBTIQ+ en Ecuador desde 2013, con cobertura en todo el territorio. Estos son los datos que sostienen lo que sigue.
Durante 2025 registramos treinta casos. Veintiuno fueron transfemicidios. La cifra repitió casi exactamente la de 2024, lo que significa que ni la declaratoria de conflicto armado interno, ni los estados de excepción, ni la militarización de las calles modificaron en absoluto lo que nos pasa a nosotras. Nos siguen matando al mismo ritmo, solo que ahora con más uniformes alrededor.
Entre 2010 y 2025 llevamos ciento sesenta y nueve mujeres trans asesinadas. La tasa estimada de casos que llegan a alguna forma de resolución no alcanza el cinco por ciento.
Y ahora la parte que responde a quien nos manda a mudarnos.
Guayas concentra entre el treinta y cinco y el cuarenta por ciento de los casos. Se cita ese número como si señalara el problema. Léelo al revés: seis o siete de cada diez crímenes ocurren en otra provincia.
En Manabí documentamos un patrón de saña que incluye desmembramientos. En El Oro han aparecido cuerpos en zonas de manglar, en lugares remotos elegidos precisamente porque entorpecen cualquier investigación; esa provincia acumula al menos cinco víctimas entre 2025 y 2026. En Los Ríos los homicidios se cruzan con rutas del narcotráfico. Y la sierra tampoco es refugio: una adolescente de quince años en Ibarra, una compañera trabajadora sexual asesinada a tiros en Cuenca.
Puerto, campo, frontera, ciudad patrimonial. Señálanos la provincia segura. Esperamos.
La ceguera es una decisión
Hay algo peor que la ausencia de protección, y es la ausencia deliberada de conocimiento.
Ninguna institución del Estado ecuatoriano lleva un registro oficial diferenciado de asesinatos de personas LGBTIQ+. Ni la Policía Nacional. Ni la Fiscalía General del Estado. Ni el INEC.
Eso no es un descuido administrativo. Es una elección política, porque lo que no se cuenta no existe, y lo que no existe no genera obligación. El Estado prefiere no saber antes que tener que responder.
A eso se suma el vacío penal: el transfemicidio no está tipificado en el Código Orgánico Integral Penal. El femicidio del artículo 141 se construye sobre la muerte de una mujer «por el hecho de serlo», y su aplicación a nosotras depende del criterio individual de quien tenga el caso en las manos ese día. Puede ir bien. Casi nunca va bien.
Este es el punto que conviene entender: ese vacío no está en Guayaquil. Está en el COIP. Y el COIP rige igual en Esmeraldas, en Loja, en Galápagos y en Sucumbíos. La impunidad no tiene domicilio provincial.
Cuando quien persigue es tu madre
Hay otra razón por la que mudarse no resuelve nada, y la conocemos bien porque nos ha pasado a demasiadas.
Buena parte de la violencia contra nuestras compañeras no viene de una pandilla ni de un desconocido: viene de la propia casa. Y el instrumento característico en Ecuador es el internamiento forzado en esos lugares que se hacen pasar por clínicas de rehabilitación y que en realidad son centros de tortura.
Están prohibidos desde 2012. Se estima que llegan a doscientos en el país. Cuando uno cierra, reabre a los pocos meses en otra dirección y con otro nombre, porque la clausura es un trámite sanitario y no una condena. El Comité contra la Tortura de Naciones Unidas ya advirtió en 2016 que ninguno de los procesos abiertos por la Fiscalía había terminado en sentencia.
Entonces: si quien te busca es tu familia, y el mecanismo se reconstruye en cualquier cantón sin consecuencia, ¿a qué provincia exactamente deberías mudarte?
Lo que exigimos
No estamos pidiendo comprensión. Estamos exigiendo tres cosas concretas y perfectamente ejecutables:
- Tipificación del transfemicidio como categoría específica en el Código Orgánico Integral Penal.
- Registro oficial de violencia contra personas LGBTIQ+, con desagregación por identidad de género y publicación periódica.
- Unidades de investigación especializadas y protocolos que incorporen la identidad de género como variable desde el primer momento de la indagación.
Trece informes anuales entregados. Trece. Ninguno con respuesta institucional sustantiva.
Seguimos entregándolos, y vamos a seguir. Pero que quede constancia de que la información existía, de que fue puesta en manos de quien correspondía, y de que la decisión de no actuar fue de alguien con nombre y cargo.
Mudarse no es una alternativa. Es lo que se le ofrece a quien ya se decidió no proteger.
Análisis jurídico completo de este argumento —con la reglamentación aplicable en procedimientos de asilo, las Directrices sobre Protección Internacional No. 9 del ACNUR y referencias normativas—:
Reubicación interna en Ecuador: por qué no es una opción real para las personas LGBTIQ+
Datos: Observatorio Runa Sipiy de la Asociación Silueta X.
Informes info@siluetax.org con copia siluetax@gmail.com
Resistencia Rosa | Coalición LGBTIQ+ de Quito 